Contrato Social por la Educación

¿Quién fue'?

Publicado: Diario El Comercio. Sábado 19 de febrero de 2011, por Milton Luna Tamayo

La palabra y la veeduría del señor Chambers quedaron en el piso. Declaraciones oficiales desarmaron y descalificaron al personaje y a su informe. Se le acusó de querer notoriedad política, de haber ejercido en el gobierno de Lucio Gutiérrez el cargo de gerente de Pacifictel “una empresa corrupta”, de tener 12 juicios penales y civiles. Además se anunció el inicio de juicios en su contra. Otras voces, de una integrante del Consejo de Participación Ciudadana y de ex miembros de la comisión veedora lo acusaron de irregularidades. El hermano del Presidente lo trató de “rosa” y de “gustarle las comisiones”.

Por su parte, Pablo Chambers y sus colegas de comisión José Quishpe y Gerardo Portilla reivindicaron su trabajo “muy bien elaborado con la poca plata de nuestro bolsillo”, anunciaron que no se defenderían de los juicios ya que no tienen los recursos para ello, que sería una lucha desigual, de “David contra Goliat” y que en todo caso, su protección debería realizarla el Consejo de Participación Ciudadana, ya que es su obligación constitucional.

Más allá de los presuntos negocios del hermano del Presidente con el Estado, hechos que tienen que ser aclarados y fiscalizados por la Asamblea Nacional, por la Fiscalía y por Contraloría, este incidente deja en entredicho a una de las principales iniciativas de revolución ciudadana: la participación social.

Sin duda el referido proceso evidencia inconsistencias, irresponsabilidades y agresiones de lado y lado, que dejan herida a la acción de un derecho ciudadano que daba sus primeros pasos: la vigilancia al poder.

Si diéramos por hecho las afirmaciones oficiales respecto del señor Chambers y de su trabajo caben varias preguntas al Estado y a la sociedad civil: ¿Quién fue el responsable de haberlo escogido para dirigir un proceso tan delicado? ¿Quién averiguó sus antecedentes éticos y técnicos? ¿Quién no estableció y no asesoró sobre la necesidad de parámetros de calidad para la realización de la veeduría? ¿Quién no garantizó los recursos económicos necesarios para efectuar una investigación seria a contratos con montos multimillonarios?

Examinado este proceso desde otro ángulo cabe preguntarse: Después de la paliza pública dada a Chambers, ¿quién medianamente cuerdo estaría dispuesto a liderar una veeduría a temas de corrupción o de eficiencia de las políticas públicas?, ¿quién no acumula miedo frente a semejante reacción oficial?, ¿cuán maduro está el Ecuador para vivir la participación ciudadana?

De cara a un Estado cada vez más concentrador e intolerante, la sociedad no tiene que desarmarse. De esta mala experiencia se tiene que aprender.

Hay que asegurar independencia, eficiencia, idoneidad ética y recursos para las veedurías. Hay que exigir respeto y protección para su labor. Si no, sigamos con la impunidad.

 

 

Contrato Social por la Educación en el Ecuador

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