Contrato Social por la Educación

Principio de Participación Ciudadana y Construcción de Política Pública

Por: Cecilia Lazo

En las provincias de El Oro, Loja y Zamora, el Contrato Social por la Educación participa en la ejecución del proyecto “Educación Agroecológica y Participación Ciudadana”. La intervención se enfoca a contribuir al mejoramiento de la Educación Técnica Agropecuaria y la participación ciudadana en la elaboración de propuestas para la política pública. 

Como eje fundamental de la propuesta se prevé la conformación de espacios de actoría y participación que involucren a la comunidad educativa, organizaciones sociales y ciudadanas, las instancias de gobiernos locales descentralizados, en el marco de un compromiso de corresponsabilidad pública y privada que asegure una educación inclusiva, pertinente y de calidad, que incluya la agroecología y la equidad de género.

Desde esa perspectiva, dentro de la propuesta global del proyecto, el objetivo por el que trabaja el Contrato Social es lograr “Participación, difusión e incidencia en la política educativa”. En definitiva busca crear e impulsar amplios espacios de articulación y participación de todos los actores educativos públicos y privados y en mancomunidad con los gobiernos seccionales para asegurar que los colegios técnicos agropecuarios locales potencien su capacidad, mejoren la calidad de su oferta educativa, se constituyan en espacios de inclusión educativa libres de toda barrera discriminatoria, se articulen en sus iniciativas al cumplimiento de los derechos de los adolescentes y se proyecten en lo territorial, provincial y nacional como referentes para la formulación de políticas educativas. Aseguren la inclusión de la equidad de género, la agroecología como práctica y ejercicio del buen vivir y la soberanía alimentaria, tal como determina la Constitución del País.

Así pues la participación será un proceso permanente en la ejecución de la propuesta.

“…el derecho a la educación es la llave que

abre paso a otros derechos humanos.”

El Derecho a la Educación abarca tanto los derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Como dice Katerina Tomasevsky, “La educación es un multiplicador que aumenta el disfrute de todos los derechos y libertades individuales cuando el derecho a la educación está efectivamente garantizado, y priva a las poblaciones del disfrute de muchos derechos y libertades cuando se niega o viola ese derecho”. No es posible pensar, entonces, en ampliar las opciones, las oportunidades de vida para los y las adolescentes si no se garantiza primero el derecho universal a la educación (acceso y permanencia), sumando a esto además la calidad en el derecho. Es por ello tan fundamental exigir su vigencia y universalidad.

El proyecto toma ese principio y lo plantea como un eje central de la intervención. En general los derechos humanos de las personas no se miran como un potenciador del disfrute de la vida humana, su desconocimiento y poca valoración desde las y los sujetos no los hacen exigibles. Al mismo tiempo al ser los derechos civiles y políticos los más difundidos y aceptados como tales, los derechos sociales, económicos y culturales son normalmente postergados por los estados, principalmente por el coste económico que suponen. Los derechos civiles y políticos sin embargo no pueden ser disfrutados a plenitud cuando la población no ha tenido acceso a la educación, la educación facilita la formación de ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, pero además es el espacio más adecuado para el desarrollo de valores como la solidaridad y la cooperación, el respeto a las diferencias y la equidad de género.

La niñez, los y las adolescentes no son valorados por el mundo adulto. Desde el paradigma de minoridad e incapacidad, vigente en nuestra sociedad, los chicos y chicas son considerados objetos de uso, sin voz y sin capacidad para ejercer derechos, sobre todo el de participación, el que les permite expresar su opinión, tener voz propia, ser visibles. El proyecto propone entonces potenciar el paradigma del adolescente sujeto de derechos, hacerlo visible, potenciar su voz y recuperar su valor como persona humana con dignidad y capacidad propias. Para hacer posible este paradigma, busca involucrar a la comunidad educativa, la propia comunidad y autoridades locales como garantizadores del derecho a la educación, una educación de calidad y potenciar la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos y llevarlas al ámbito nacional. Para lograr esta meta, es necesario construir, desde las mismas comunidades esa nueva mirada, ese nuevo paradigma, esas condiciones que hagan posible la niñez, la infancia, la adolescencia plena de derechos, plena de humanidad y goce de la vida o lo que ahora se denomina “El buen Vivir”. Esto supone también trabajar con enfoque de género, y favorecer el trabajo con mujeres.

Este proceso, este nuevo paradigma supone asumir la voz también como la posibilidad de relacionarse con los otros y entre los otros, entredades y con las otras edades para mejorar la convivencia desde la valoración de la voz de los y las otras y su valor como personas.

Este enfoque cruza por empoderar a las comunidades de su propia voz y por ende a la niñez de su propia voz. A través de los tres componentes del proyecto la participación es el eje vertebrador de este nuevo paradigma.

Por otro lado el proyecto propone la comunidad como un espacio de aprendizaje continuo y de ejercicio y garantía de derechos humanos, que tiene la capacidad de empoderarse de ese derecho y construir una red ciudadana que hace veeduría, exige y construye propuestas de políticas orientadas a garantizar el buen vivir y la seguridad alimentaria a las comunidades y estudiantes de los colegios técnicos agropecuarios.

La comunidad es el espacio donde las niñas y niños viven sus procesos de socialización, es la familia, la comunidad, la escuela la que sostiene su desarrollo, por esta razón el proyecto propone una intervención más allá de las aulas e involucra a todos en el proceso.

Eduardo Bustelo   con relación a la dimensión política de los derechos plantea su inclusión en las políticas públicas como única salida para superar la inequidad “… la infancia como relación social requiere de una política en el sentido de que su instrumentación será el resultado de luchas. Y el espacio que puede configurar esas luchas es público y su corolario concreto son políticas predominantemente aunque no exclusivamente estatales, en donde el componente educativo tiene un rol crucial”. El proyecto plantea desde todos sus ámbitos de intervención esta perspectiva política del derecho a la educación y el ejercicio de los derechos que se derivan del mismo.

Tener voz, opinar desde la propia voz, desde las experiencias, expectativas y demandas propias es la excepción en nuestras culturas, en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, la opinión muchas veces es mediada por otros, por los líderes, por los políticos. Empoderar a las comunidades de su voz a favor de la educación técnico-agropecuaria de los y las adolescentes, pero también de la necesidad de garantizar la equidad de género y la seguridad alimentaria es una meta del proyecto.

Esta propuesta supone entonces un trabajo de reflexión, concienciación y construcción con los y las adultas responsables de la educación, de la socialización y de los tomadores de decisiones, supone empezar el proceso con el mundo adulto para luego, empoderados de su rol, empoderar a los y las adolescentes de su propia voz.

La estrategia del proyecto plantea una visión de territorios como alternativa de respuesta al desarrollo local desde sus características geográficas, históricas y sociales, por ello la lógica comunitaria se proyectará también a una lógica territorial.

 

 

Contrato Social por la Educación en el Ecuador

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