Contrato Social por la Educación

Repercusiones en la prensa del MANIFIESTO POR QUITO

Por una democracia activa en Quito

 

Diario Hoy

Publicado el 21/Febrero/2014 | 00:43

Tribuna Hoy

 

Propuestas de las asociaciones ciudadanas para el debate político electoral

La ciudades son nuestro segundo hogar. Ahí residimos, crecen los hijos; día a día, allí transcurre la vida. Por ello debemos contribuir a definir este nuestro gran hogar, nuestro buen vivir, el que debemos diseñar y no que otros lo definan en función de sus particulares intereses. Para esta participación, una vida democrática es una necesidad. También para tener un ambiente de convivencia, que es la primera garantía de seguridad y de desarrollo personal, se requiere del aporte de todos, ciudadanía y poder político, como el municipal.

La democracia, entonces, no puede ser algo ajeno, sino indispensable al bienestar. No basta un rito periódico con el voto, sino una práctica de siempre. La democracia que se logra y lo que se logra con la democracia es directamente proporcional a la responsabilidad cotidiana que los ciudadanos tienen con el bien común, a su compromiso para el ejercicio de derechos y cumplimiento de responsabilidades. Si nos organizamos para promover ideas, defender causas, hacer realidad soluciones, construimos así una sociedad civil activa, que permite este ejercicio de participación organizada y hace contrapeso al poder, el que puede actuar centrado en sí mismo.

Este compromiso requiere que el gobierno municipal o el central cree y garantice las condiciones democráticas para que ciudadanos o sus organizaciones existan y se desarrollen. Ello produce un dialogo e influencia virtuosos de un ciudadano crítico y responsable y de un Municipio interpretando las necesidades de la gente y generando políticas en su beneficio; una corresponsabilidad.

La democracia debe, así, ser participativa, realizar la gestión en concordancia con un conjunto de acuerdos, éticos, programáticos y de acción, pero también con una sociedad civil activa que asume el sentido de responsabilidad colectiva. Esto hace parte de una convivencia digna y justa, cuanto más importante que la ciudad es un mosaico de culturas y tipos de vida que exige una democracia de puertas abiertas a todas las voces y múltiples rostros. La democracia debe convertirse entonces en el mejor modo de reconocimiento y expresión de todos, cualquiera sea su condición y concepción. Entornos autoritarios, cerrados e intolerantes liquidan la participación pues prefieren solamente apoyo a sus decisiones.

La ciudad debe acoger a los pensamientos diferentes de los predominantes, pues aportan al enriquecimiento de todos y son garantía de la tolerancia que permite una sana convivencia. Por ello, una sociedad civil activa expresa y promueve el pluralismo, pero para construir esta convivencia y metas compartidas, se requiere construir un espacio público en el que se expresan y intercomunican la diversidad de concepciones. Nuestra ciudad debe ser la de la intercomunicación pública, no en la que se quiere privar del derecho de palabra a unos por disentir en sus posiciones. Las ideas que logran reconocimiento de la mayoría no puede ser por imposición ni manipulación sino por el libre intercomunicación y debate. Es la base de una sociedad laica, distante del empobrecedor proceso de dogmatismo del pensamiento.

La ciudad democrática debe multiplicar sus espacios públicos y medios de comunicación colectiva, el pluralismo debe expresarse en todas sus formas para que nadie quede excluido, sino sea parte activa de la convivencia. No puede haber democracia sin respeto al pluralismo y a la indispensable posibilidad de expresarse, de construir opinión. El pluralismo de medios de comunicación y la libertad de prensa son por ello un derecho que mal se puede coartar o controlar para imponer un criterio, del poder político, religioso o empresarial... La prensa ha ayudado a contrarrestar los abusos del poder, la colusión de intereses entre política y grupos empresariales o la corrupción. Es deber de la sociedad civil velar por la existencia de la libertad de expresión, de una información veraz, por un pluralismo de medios de prensa lejos de su concentración o de la colusión de intereses con poderes de facto, y debe exigir el pluralismo de opinión e información en cada medio, así como el derecho a la intercomunicación activa de La sociedad en estos espacios.

Los firmantes: Contrato Social por la Educación, Fundación Esquel, Fundación Marcha Blanca, El Colectivo, Cedime, Fundación Ecuador, Fundación Nuestros Jóvenes, Fundación Hermano Miguel, CEDA, Ceres, Fundación Terranimal, Ecolex, Acción Ecológica, Serpaj, Defensa de los Niños Internacional.

 

Por un Quito con derechos efectivos

Diario Hoy

Publicado el 20/Febrero/2014 | 00:54

Tribuna Hoy

 

Propuestas de las asociaciones ciudadanas para el debate político electoral

Los derechos son una garantía de protección de la persona y de búsqueda de igualdad o bienestar. Por mucho tiempo se ha estado en espera que esto lo vuelva una realidad el gobierno central, pero además de ser responsabilidad de la ciudadanía el exigir su cumplimiento o el buscar su realización, es también obligación de los gobiernos locales. Las normas ecuatorianas promueven que los gobiernos locales sean descentralizados, funcionen con participación ciudadana y garanticen el pleno ejercicio de derechos de la población.

Los gobiernos seccionales tienen responsabilidad compartida con el gobierno central para hacer una realidad el disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el control social de planes y políticas públicas, diseño y ejecución de presupuestos participativos, según principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional –no intergeneracional- y se garanticen los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades.

En efecto, consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales, deben crear sistemas de protección integral, que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos, lo que incluye, en el nivel cantonal, la formación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Además debe haber un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de los gobiernos seccionales.

El auge actual de privilegiar la acción del gobierno central y sus planes, en los hechos, ha minimizado o puesto de lado estas pautas de descentralización y de responsabilidad con el cumplimiento de derechos. Es así indispensable que estos gobiernos, asuman esta indispensable responsabilidad de incrementar la descentralización y de volver efectivos los derechos. Existe sin embargo, un gran silencio, sobre estos temas tan decisivos para lograr gobiernos de mayor cercanía con las personas y que puedan mejor contribuir al bienestar colectivo. Nosotros esperamos, en cambio, que los candidatos y las organizaciones políticas se pronuncien sobre estos aspectos.

Igualmente, los gobiernos locales e intermedios deben asumir responsabilidades sobre la protección de la niñez y adolescencia, con un sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia.

Además, no debería aprobarse el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por los menos, el 10% de sus ingresos no tributarios para financiar la planificación y la ejecución de programas sociales para la atención a los grupos de atención prioritaria. De suplemento en cada gobierno seccional debe haber una comisión permanente de igualdad y género encargada de la aplicación de las políticas de igualdad y equidad; además fiscalizará que la administración respectiva cumpla con ese objetivo a través de una instancia técnica que implementará dichas políticas en coordinación con los consejos nacionales de Igualdad.

Estos aspectos muestran bien que es indispensable avanzar en formar un sistema local que se encargue de volver una realidad la promoción de derechos. Sabemos muy bien que los derechos requieren recursos y voluntad política para su cumplimiento y para la construcción del sistema que vele para ello, por eso es impostergable que las personas que ahora están de candidatas indiquen en sus planes cómo cuentan asumir estas responsabilidades. Esto debe ser para el inmediato pero también para el futuro, pues es imposible volver realidad a los derechos de un plumazo, al contrario se requiere de múltiples aportes y de largos procesos para avanzar en consecuencia. Otras sociedades han necesitado para ello de varias generaciones, pero logran mejor cumplir con esta responsabilidad y sueño social cuando los gobiernos locales y la ciudadanía se involucran para su concreción. Se requiere, en consecuencia, construir un proyecto de ciudad y ciudadanía que, al ser una creación compartida con la ciudadanía, pueda durar y tener continuidad por largo tiempo, para su avance progresivo y para construir convicciones ciudadanas que favorezcan este esfuerzo sostenido.                                                                                              

Mañana: Hacer democracia en la ciudad

Los firmantes: Contrato Social por la Educación, Fundación Esquel, Fundación Marcha Blanca, El Colectivo, Cedime, Fundación Ecuador, Fundación Nuestros Jóvenes, Fundación Hermano Miguel, CEDA, Ceres, Fundación Terranimal, Ecolex, Acción Ecológica, Serpaj, Defensa de los Niños Internacional.

 

Por un Quito con derechos efectivos

Diario Hoy

Publicado el 20/Febrero/2014 | 00:54

Tribuna Hoy

 

Propuestas de las asociaciones ciudadanas para el debate político electoral

Los derechos son una garantía de protección de la persona y de búsqueda de igualdad o bienestar. Por mucho tiempo se ha estado en espera que esto lo vuelva una realidad el gobierno central, pero además de ser responsabilidad de la ciudadanía el exigir su cumplimiento o el buscar su realización, es también obligación de los gobiernos locales. Las normas ecuatorianas promueven que los gobiernos locales sean descentralizados, funcionen con participación ciudadana y garanticen el pleno ejercicio de derechos de la población.

Los gobiernos seccionales tienen responsabilidad compartida con el gobierno central para hacer una realidad el disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el control social de planes y políticas públicas, diseño y ejecución de presupuestos participativos, según principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional –no intergeneracional- y se garanticen los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades.

En efecto, consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales, deben crear sistemas de protección integral, que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos, lo que incluye, en el nivel cantonal, la formación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Además debe haber un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de los gobiernos seccionales.

El auge actual de privilegiar la acción del gobierno central y sus planes, en los hechos, ha minimizado o puesto de lado estas pautas de descentralización y de responsabilidad con el cumplimiento de derechos. Es así indispensable que estos gobiernos, asuman esta indispensable responsabilidad de incrementar la descentralización y de volver efectivos los derechos. Existe sin embargo, un gran silencio, sobre estos temas tan decisivos para lograr gobiernos de mayor cercanía con las personas y que puedan mejor contribuir al bienestar colectivo. Nosotros esperamos, en cambio, que los candidatos y las organizaciones políticas se pronuncien sobre estos aspectos.

Igualmente, los gobiernos locales e intermedios deben asumir responsabilidades sobre la protección de la niñez y adolescencia, con un sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia.

Además, no debería aprobarse el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por los menos, el 10% de sus ingresos no tributarios para financiar la planificación y la ejecución de programas sociales para la atención a los grupos de atención prioritaria. De suplemento en cada gobierno seccional debe haber una comisión permanente de igualdad y género encargada de la aplicación de las políticas de igualdad y equidad; además fiscalizará que la administración respectiva cumpla con ese objetivo a través de una instancia técnica que implementará dichas políticas en coordinación con los consejos nacionales de Igualdad.

Estos aspectos muestran bien que es indispensable avanzar en formar un sistema local que se encargue de volver una realidad la promoción de derechos. Sabemos muy bien que los derechos requieren recursos y voluntad política para su cumplimiento y para la construcción del sistema que vele para ello, por eso es impostergable que las personas que ahora están de candidatas indiquen en sus planes cómo cuentan asumir estas responsabilidades. Esto debe ser para el inmediato pero también para el futuro, pues es imposible volver realidad a los derechos de un plumazo, al contrario se requiere de múltiples aportes y de largos procesos para avanzar en consecuencia. Otras sociedades han necesitado para ello de varias generaciones, pero logran mejor cumplir con esta responsabilidad y sueño social cuando los gobiernos locales y la ciudadanía se involucran para su concreción. Se requiere, en consecuencia, construir un proyecto de ciudad y ciudadanía que, al ser una creación compartida con la ciudadanía, pueda durar y tener continuidad por largo tiempo, para su avance progresivo y para construir convicciones ciudadanas que favorezcan este esfuerzo sostenido.

Mañana: Hacer democracia en la ciudad

Los firmantes: Contrato Social por la Educación, Fundación Esquel, Fundación Marcha Blanca, El Colectivo, Cedime, Fundación Ecuador, Fundación Nuestros Jóvenes, Fundación Hermano Miguel, CEDA, Ceres, Fundación Terranimal, Ecolex, Acción Ecológica, Serpaj, Defensa de los Niños Internacional.

 

Una ciudad de convivencia intercultural

 

Diario Hoy

Publicado el 19/Febrero/2014 | 00:39

Tribuna de Hoy

 

Propuestas de las asociaciones ciudadanas para el debate político electoral

Quito es una ciudad de gente de todos los colores y culturas. A la mayoría mestiza y en parte blanca se han integrado indígenas y afrodescendientes, pero también gente de todos los continentes: latinoamericanos, europeos, asiáticos y africanos, que ha venido en procura de refugio, hogar o trabajo. Pero ante todo, Quito alberga habitantes de todas las provincias, es un punto de convergencia de todos los ecuatorianos. La ciudad comprende igualmente personas con una diversidad de modos y opciones de vida, tales son las diversidades de género, generacionales, sociales y especiales.

Necesitamos, así, de un Quito acogedor, en el que la convivencia se vuelva práctica de vida y de enriquecimiento mutuo para hacer de la ciudad la casa de todos y todas. Todos podemos ser diferentes en relación al otro. Un Quito que sabe vivir con toda esta población de diferencias y es una ciudad variopinta implica que la convivencia sea principio de vida; para esto, debe combatir todo tipo de discriminación, hacer visible esta diversidad cultural y poner de relieve el aporte de estas a la identidad de la ciudad. El Gobierno metropolitano debe ser la primera institución en reconocer esta realidad y promover políticas y programas que tengan como principio dinamizador la convivencia. Los grupos “diferentes” sueñan con una ciudad que les reconozca, les estime y les ofrezca una vida en paz y armonía con los otros. Las mujeres insisten sobre la importancia del gobierno local para erradicar las violencias de género e intrafamiliares. Debe ser un gobierno de cercanía que incida en todos los espacios de la vida cotidiana, como garantizar la seguridad de las mujeres en los espacios públicos, enfrentar la actual avalancha de mal trato, como indican los índices de denuncias sobre violencia intrafamiliar, que superan a las del delito común.

Quito debe contar por lo menos con una casa de acogida, con primeros auxilios y servicios a las víctimas. La educación ciudadana con campañas públicas y escolares para cambiar actitudes y comportamientos propios de patrones culturales tradicionales, debe promover la convivencia social como un modo de vivir en paz, del derecho de cada cual a tener su identidad, su cultura y sus particularidades, y de lograr así un ambiente favorable al desarrollo de cada persona. Esta es una base para la igualdad y el respeto de las diversidades culturales. Si bien el trabajo infantil se ha reducido, sigue siendo la principal causa de la deserción y rezago escolar. Contrarrestarlo es una prioridad de entre las múltiples necesidades de la niñez; afecta en mayor proporción a la población más excluida, sobre todo indígena y femenina. No se quiere ver el trabajo de las niñas, no está en las estadísticas, pues, socialmente, se lo percibe como natural. El trabajo infantil doméstico de las niñas perpetúa los roles discriminatorios asignados a niñas y mujeres. Quito tiene también una deuda impostergable con sus jóvenes. Ellos aspiran a tener espacios de participación genuina, que se reconozcan sus voces y que se los escuche en relación a sus sueños y actividades propias a su época. Los jóvenes de esta ciudad son de diversas culturas, creativos y gregarios, requieren respeto a sus identidades y apoyo a sus emprendimientos económicos, sociales o culturales. Pretenden tener autonomía, y para esto necesitan de empleo digno y servicios que los promuevan e incentiven. Las personas que tienen diversas identidades sexo-genéricas viven tensiones constantes debido a discriminaciones y violencias visuales o físicas. Pero “la orientación sexual y la identidad de género” no deben ser motivo de discriminación, y los gobiernos locales pueden definir participativamente políticas públicas por y para la defensa y la promoción de los derechos de las personas no heterosexuales. Lo mismo requieren las personas con discapacidades, con servicios, trato e infrastura de un Quito acogedor y que les incluya.

Así, el derecho a la ciudad debe contar con una educación ciudadana que fortalezca valores y principios para crear una nueva ciudadanía y un espacio público cohesionador, variado y confiable para convivir y disfrutar la diferencia.

Mañana Por un Quito con derechos efectivos

Los firmantes Contrato Social por la Educación, Fundación Esquel, Fundación Marcha Blanca, El Colectivo, Cedime, Fundación Ecuador, Fundación Nuestros Jóvenes, Fundación Hermano Miguel, CEDA, Ceres, Fundación Terranimal, Ecolex, Acción Ecológica, Serpaj, Defensa de los Niños Internacional.

 

Por un Quito socialmente responsable

 

Diario Hoy

Publicado el 18/Febrero/2014 | 00:47

Tribuna de Hoy

La respuesta a nuestras necesidades la hacen tanto el sector público como el privado y, en parte, el sector comunitario. Habríamos esperado que, en este período de bonanza y de promoción del Estado, la economía social y solidaria crezca y se vuelva uno de nuestros principales referentes para responder a nuestras necesidades, crear empleo y competir por un mundo diferente. Por lo mismo, si queremos lograr en algo mejores soluciones y que no sea la simple búsqueda del lucro la que predomine o el interés de minorías económicamente poderosas, es responsabilidad colectiva nuestra buscar que todos los sectores, públicos, privados y comunitarios, adquieran el sentido de responsabilidad social. Si bien las normas legales o de otra índole deben contribuir a ello, nosotros apostamos a generar un sentido ético de responsabilidad social en todos los actores de la economía o de la sociedad, al igual que en el sector público. Pero es además la sociedad, con sus organizaciones, la que debe convertirse en vigilante y exigente de estos actores de la sociedad para exigirles un sentido ético en su desempeño.

Si el sector empresarial quiere que las empresas sean visualizadas no como meros generadores de riqueza, es indispensable que estas adquieran sentido de responsabilidad y ética social en todas las fases de su producción y su comercio; la calidad de sus productos o servicios debe ser tan importante como la transparencia en su comercialización sin que la mentira gane a la información apropiada para el cliente.

En la actualidad, ningún actor de la sociedad, económico o no, puede estar indiferente a los diversos retos que tenemos, como son la redistribución de la riqueza, la escasez de los recursos naturales, la necesidad de generar una sociedad articulada, con respeto a los derechos humanos, sin trabajo infantil ni violencia de género, o sin falta de ética, sin corrupción, con transparencia.

Todos estos ámbitos de acción exigen la puesta en común del esfuerzo, los recursos, ideas y acciones de todos y de cada cual; es decir, es responsabilidad de todos, a su modo, asumir estos desafíos. Una parte no menor de las soluciones posibles pasa por construir y definir la responsabilidad de cada sector de la sociedad y de cada uno. La responsabilidad conlleva siempre un sentido de la ética, en este caso, de una ética colectiva e individual, tanto del sector privado como del público. Pero es igualmente indispensable que el Estado, en este caso el Municipio al nivel local, sea parte de este proceso. La responsabilidad social es una responsabilidad colectiva, individual, institucional, organizativa y empresarial.

La responsabilidad social, que es parte de la solución, ha logrado ya pasos importantes en Ecuador, impulsada por organizaciones de la sociedad civil, empresas y entidades del sector público. Ya existen compromisos con sus públicos y a favor del desarrollo del país o la sostenibilidad. El poder local y, en primer lugar, el Municipio pueden ser estratégicamente decisivos para articular estos compromisos que contribuyan para crear una sociedad más justa, más equitativa, que respete los derechos humanos, el medioambiente y el ser humano como tal.

En el sector empresarial ya hay organizaciones comprometidas en cumplir las leyes y aportar con recursos y acciones para metas sociales y responsabilidad productiva. Hace falta, sin embargo, que el sector público, el privado y la sociedad civil logren una agenda para promover la responsabilidad social, las buenas prácticas, socialmente responsables, en todos sus ámbitos y que ello contribuya al Quito del futuro. Se necesita un diálogo público-privado, pero también un dialogo público-público, entre otros entre diferentes niveles de Gobierno.

Además, Quito puede tener un proceso educativo constante, para lograr que la ciudadanía asuma en primer lugar la responsabilidad social y un consumo consciente que escoja productos y servicios producidos de manera responsable sobre aquellos que no. Hace parte de la responsabilidad y la ética escoger siempre productos que nos benefician y protegen la naturaleza y ayudan al bienestar. Lo mismo debemos buscar con un sector público socialmente responsable.

Mañana Por un Quito pluralista e inclusivo

Los firmantes Contrato Social por la Educación, Fundación Esquel, Fundación Marcha Blanca, El Colectivo, Cedime, Fundación Ecuador, Fundación Nuestros Jóvenes, Fundación Hermano Miguel, CEDA, Ceres, Fundación Terranimal, Ecolex, Acción Ecológica, Serpaj, Defensa de los Niños Internacional.

 

Patrimonio: ¿para qué?

 

Diario Hoy

Publicado el 17/Febrero/2014 | 00:47

Hablar de Quito  como Patrimonio Cultural de la Humanidad es una idea que llena a cada uno de los quiteños y quiteñas de profundo orgullo y se presenta como el reconocimiento de las maravillas de nuestra ciudad; sin embargo, pensar el patrimonio (tanto natural como cultural) requiere de una pregunta fundamental sin la cual estaríamos hablando en abstracto, ésta es: ¿qué es el patrimonio?

Desde los esquemas de la UNESCO referentes al patrimonio cultural, este puede ser tangible (o material) e intangible (o inmaterial); para entenderlo mejor podemos decir que al hablar de patrimonio material nos referimos a las creaciones producto del ingenio de la humanidad, como por ejemplo la arquitectura colonial y republicana que se encuentra en el Centro Histórico de Quito; mientras que al hablar de patrimonio inmaterial apelamos a las prácticas y saberes que se reproducen cotidianamente y son transmitidos de una generación a otra, como el caso la elaboración del sombrero de paja toquilla.

Ahora bien, pensar que tan estrictas y abiertas definiciones son los únicos elementos necesarios para que, desde el ejercicio de poder, se establezcan políticas patrimoniales que respondan efectivamente a la realidad local, puede volverse un desafortunado equívoco, debido a que los lineamientos generales expuestos con anterioridad sólo son una guía que debe adaptarse a los escenarios particulares y estar enriquecidos por las acepciones de los grupos humanos que habitan estos espacios.

Si no se considera la naturaleza social del patrimonio, puede incurrirse en una imposición inconsiderada de políticas que vulneran, intencionada o inintencionadamente, los derechos humanos de los habitantes de los espacios. Una política patrimonial que no lee socialmente los fenómenos de la ciudad, suele apuntar a resaltar los réditos y beneficios del patrimonio en servicio del turismo, no el patrimonio como expresión viva del genio e identidad de un grupo humano específico.

En Quito, a pesar de que en la última década han existido sendos intentos de pensar integralmente las políticas patrimoniales, estas han permanecido, en su mayoría, en la línea de aquellas que apuntan a la conservación superficial del mismo, obviando las prácticas sociales que cotidianamente le otorgan al espacio su función social.

En esta línea se asientan muchas políticas de regeneración urbana y gentrificación, que terminan desligando el espacio de la población y reduciéndolo a un reflejo artificial que inmóvil se conserva en una vitrina para los ojos extranjeros.

Un caso ejemplar de estas políticas fue la intervención del famoso sector de La Ronda, que incluido en el plan de regeneración urbana de las últimas administraciones, se transformó en una zona de esparcimiento nocturno emulando la tradición bohemia y musical que la caracterizaba en el siglo pasado; sin embargo, la intervención produjo que esta zona, antaño habitacional y con una dinámica propia, se congelara en el tiempo: La Ronda nocturna, alegre, animada y fiestera, es diferente a La Ronda diurna, callada, vacía y sin vecindario.

Igualmente, se ha hecho evidente los intentos de aplicar políticas de gentrificación en el mismo Centro Histórico, por medio de la propuesta de implantar embajadas, consulados y hoteles de alta categoría en las casonas patrimoniales de la zona, específicamente en el sector de La Chilena. La gentrificación, entendido como las prácticas que buscan reemplazar un grupo humano por otro con mayor capacidad adquisitiva, demuestra el entendimiento del patrimonio y la ciudad en general desde la “exclusividad” y “erudición” del grupo político de turno, obviando la valiosa y fundamental opinión del ciudadano común.

Los ejemplos citados anteriormente, al que pueden sumarse otros como el tratamiento del comercio informal en la capital, son una muestra de la necesidad de problematizar la visión oficial del patrimonio y aceptar la importancia de construirlo colectiva y socialmente.

El próximo gobierno del DMQ debe entender que sus políticas patrimoniales deben estar en concordancia con su realidad y ser producto de una discusión continua, que siempre y sin cansancio se cuestione: Patrimonio ¿para qué?

 

Por un Quito, ciudad educadora

 

Diario Hoy

Publicado el 14/Febrero/2014 | 00:49

Tribuna de HOY

 

Con urgencia, Quito requiere entenderse en su contemporaneidad, su complejidad, su diversidad y su singularidad. Necesita proyectarse para transformarse en una ciudad más bonita, verde, intercultural, incluyente y desarrollada. La educación de calidad para todos y todas es el mejor vehículo para ello.

Quito debe construir su proyecto de ciudad junto a un proyecto educativo integral y visionario que no solo se preocupe de las pocas escuelas y colegios municipales que administra. Está obligada a involucrarse con el conjunto del sistema educativo: educación inicial, básica, bachillerato y universidad; así como con la educación no formal que se realiza en parques, museos, plazas o a través de los medios de comunicación. Tiene además que formar parte de una gran alianza y un plan de producción de talento, ciencia y tecnología apoyando, invirtiendo, coordinado y desarrollando sus universidades, centros de investigación y bibliotecas.

Quito debería constituirse en la ciudad universitaria más importante de América Latina con prestigiosos centros académicos de posgrado, que ya tiene, y que podrían multiplicarse a futuro.

La próxima administración municipal debe asumir con energía y decisión las políticas educativas en coordinación con el Estado central bajo una activa participación de todos los sectores de la ciudad.

En los últimos años ha crecido el problema de falta de cupos para los estudiantes de la ciudad. Quito reclama de un agresivo plan de construcciones escolares que responda al desarrollo urbano y a la planificación-dotación de infraestructura educativa, mandato constitucional que deben cumplir los municipios.

El plan debe inspirarse en el concepto de que la población disponga de escuelas de calidad cerca a sus casas. Para este fin convendría el levantamiento de una línea de base de los servicios educativos en cada distrito, edificar establecimientos en los lugares indicados y proveerles de material didáctico pertinente y correspondiente a su identidad y proyecto educativo. Pero una mejor infraestructura y material educativo rinden sus frutos con mejores profesores. La Alcaldía debe tener un rol más activo en el tema docente en alianza con el Ministerio de Educación.

La población quiteña debe disponer de alternativas educativas al sistema formal.

La gente no solo se educa en las aulas. También lo hace en la casa, en los espacios públicos y a través de los medios. La sociedad en su conjunto aprende. La ciudad educa y aprende. En esta línea, la responsabilidad de la Alcaldía del DMQ es universalizar la oferta de Internet gratuito en establecimientos y lugares públicos y a bajo costo en las casas; así como desarrollar alternativas educativas lúdicas y creativas de recreación, deporte, uso de tiempo libre, esparcimiento, arte y música.

La inclusión es un llamado ético que los gobiernos autónomos descentralizados deben asumir en su papel de autoridad administrativa. La inclusión educativa debe apostar por las discapacidades, pero también en la inclusión tecnológica y digital para todos; la inclusión de las culturas juveniles y de todas las diversidades. La bandera central es la no discriminación por étnia, sexo, edad, clase social ni nacionalidad. El derecho a la educación y el ejercicio de los derechos humanos en las aulas y en lugares públicos deben ser los principios inspiradores.

La Alcaldía del DMQ puede y debe impulsar procesos de concienciación para la gestión de riesgos, educación vial, ambiental, lectura, convivencia pacífica.

Enfrentar los problemas de violencia, suicidio juvenil, drogas, bullying, acoso a mujeres y a niñas.

La ciudad debe con creatividad el cambio de la matriz productiva. ¿Qué significa ese cambio para Quito? ¿Qué rol tiene que cumplir la educación en ese cambio? El proyecto educativo debe apuntalar el cambio de la matriz cultural paternalista, rentista y consumista que, en otros intentos de transformación del modelo, fueron sus frenos definitivos. En Quito, la educación tiene que dialogar con la empresa y la investigación estratégica sin olvidarse de luchar contra el trabajo infantil y el rezago educativo. Solo así, Quito puede encarar el futuro con dignidad y fortaleza.

Los firmantes: Contrato Social por la Educación, Fundación Esquel, Fundación Marcha Blanca, El Colectivo, Cedime, Fundación Ecuador, Fundación Nuestros Jóvenes, Fundación Hermano Miguel, CEDA, Ceres, Fundación Terranimal, Ecolex, Acción Ecológica, Serpaj, Defensa de los niños Internacional.

 

Por un Quito descentralizado y participativo

 

Diario Hoy

Publicado el 13/Febrero/2014 | 00:05

 

Propuestas de las asociaciones ciudadanas para el debate político electoral

Mientras los sistemas políticos, del nivel local al nacional, tienden a desconfiar de la participación ciudadana activa o a usarla a conveniencia, para la ciudadanía organizada es, al contrario, una acción indispensable para que problemas y soluciones de lo más diverso se vuelvan parte del debate público, contribuyan a la definición de políticas públicas y realicen un seguimiento y control de las personas electas. Mal haría la sociedad civil en abandonar esta responsabilidad que impide que los electos queden presos de intereses particulares o simplemente se encierren en sí mismos, cuando los diversos aportes, reflexiones o propuestas de ciudadanos de toda tendencia contribuyen a mejorar las decisiones y las ejecuciones. La vigilancia ciudadana es un freno a la corrupción e impide que el poder se concentre en pocas manos; la ciudadanía debe ser, pues, un contrapeso a estas tendencias elitistas del poder.

Gracias a la participación se vuelve real el pluralismo y, junto con la libertad de expresión, puede permitir que voces nuevas o diferentes aporten cambios sociales positivos y enriquezcan a la sociedad, acaso de ese modo se forman nuevas utopías. Es necesario, así, volver viva y tangible “la participación como el derecho a tener derechos”.

Así, más allá de los discursos o de las leyes, es un sistema flexible y participativo, abierto a la ciudadanía, el que en los hechos debemos construir, además de prácticas diarias de apertura a la ciudadanía y de buscar más bienestar conjuntamente. El sistema en sí mismo, sin reglamentos ni normas, debe volverse cercano a las personas. Aunque ya se dio un primer paso conformando las zonas administrativas, es necesario avanzar para llegar a un sistema descentralizado y desconcentrado con unidades municipales más autónomas, que ofrezcan servicios y tomen decisiones en aspectos decisivos para la convivencia según las diversas condiciones de las zonas de la ciudad. Se podrá también, de modo práctico, reconocer mejor las diferentes culturas que hacen Quito y favorecer así la convivencia enriquecedora. Un municipio local más autónomo podrá contribuir mejor a reforzar varias centralidades urbanas ventajosas para un desarrollo o búsqueda de buen vivir al nivel inmediato.

Construir un proyecto colectivo de ciudad y de un sistema municipal flexible debe ser parte del Estatuto Autonómico del DMQ, lo que es mandato constitucional y una aspiración nuestra de elaborarlo colectivamente. Quito debe ser un ejemplo de esta organización y el primero en avanzar a la construcción regional de Quito, con un plan a futuro que le dé a la ciudad un gran espacio internacional. Autonomía local y geopolítica internacional van juntos.

Entre las prácticas democráticas debe ser una realidad la silla vacía, para que colectivos, organizaciones sociales, empresariales u otras expresen sus inquietudes y propuestas, generando políticas, acuerdos y soluciones con corresponsabilidad y compromiso social.

La rendición social de cuentas como un ejercicio pedagógico y político debe ser constante, no un mero acto electoral; anualmente, el balance de acciones debe llevar a ajustes en la política pública, sustentado en indicadores claros, para constatar el cumplimiento de las promesas o de la solución de los problemas, así como el alcance de aspiraciones.

Por lo mismo, un sistema descentralizado, flexible y participativo permite así un mayor acercamiento entre ciudadanía y electos; también favorece una sociedad activa que asume sus responsabilidades. Para favorecer una sociedad dinámica y responsable, no necesitamos la concentración del poder, sino su descentralización.

Conviene encaminarnos a motivar, generar y fortalecer la conciencia y el compromiso empresarial hacia la sostenibilidad; contar con un sector público socialmente responsable; crear oportunidades de un verdadero diálogo multisectorial y concertación público–privada y organizaciones diversas, con la finalidad de crear bienes públicos consensuados en base a alianzas solidas; así como generar conciencia en la sociedad de la necesidad de un consumo responsable y de su responsabilidad en participar al nivel público.

Los firmantes: Contrato Social por la Educación, Fundación Esquel, Fundación Marcha Blanca, El Colectivo, Cedime, Fundación Ecuador, Fundación Nuestros Jóvenes, Fundación Hermano Miguel, CEDA, Ceres, Fundación Terranimal, Ecolex, Acción Ecológica, Serpaj, Defensa de los niños Internacional.

 

 

Contrato Social por la Educación en el Ecuador

Pedro Basán N35-87 y Mañosca - Telf: 593-2-3316558 / 3316233 - info@contratosocialecuador.org.ec - Quito-Ecuador

         

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