Boletín
CONTRATO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN
21 Noviembre 2011
INVESTIGAR Y SANCIONAR “INICIATIVAS” QUE IMPULSEN PROBABLES SISTEMAS DE “INTELIGENCIA” Y CONTROL POLITICO EN LAS ESCUELAS Y COLEGIOS
El movimiento ciudadano Contrato Social por la Educación mira con preocupación y llama a la reflexión sobre los contenidos del oficio del Ministerio del Educación No. 0075-DM-2011, redactado por el Asesor destituido Oswaldo Redrován Samaniego, en relación a la vigencia y garantía de los derechos y libertades, particularmente del ejercicio pleno del derecho a la educación de la niñez y juventud del Ecuador.
El mencionado oficio dirigido a los Directores Provinciales de Educación solicita de manera urgente información personal sobre la afinidad y filiación política o gremial de autoridades y dirigentes estudiantiles, y sobre la participación de los establecimientos secundarios en movilizaciones. Incluso se pide los números telefónicos de los dirigentes pesquisados.
Entre los Derechos de Libertad establecidos en el Artículo 66 de la Constitución, particularmente en su numeral 11, se señala que nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus convicciones y que “en ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político”.
En este sentido, poner en marcha iniciativas de “mapeo” de filiación o afinidad con un “proceso”, es atentatorio a las libertades de los y las ecuatorianas y podrían insinuar la implantación de probables sistemas de “inteligencia” y control político en las escuelas y colegios reñidos con la ética y la convivencia democrática.
La rápida reacción del Despacho en destituir al funcionario y de poner distancia pública con dicha “iniciativa” es un buen síntoma, sin embargo el Ministerio está obligado a ir más allá. Debe desarrollar una investigación profunda para esclarecer totalmente el hecho. Otras instancias del Estado tienen la misma obligación. El esclarecimiento debe llevar a sanciones ejemplares con la finalidad de que estas acciones e ideas antidemocráticas no se reproduzcan en ninguna instancia del aparato estatal.
La defensa del estado laico, el ejercicio de la libertad de pensamiento y la práctica de las garantías democráticas son premisas centrales para la realización del derecho humano a una educación de calidad para todos los ecuatorianos y ecuatorianas.
